Economía

El Congreso da tres años al Gobierno para resolver el déficit de las pensiones

La renovación del Pacto de Toledo, es decir, el acuerdo parlamentario sobre el futuro de las pensiones, ya está aquí. Ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados con el respaldo casi unánime del hemiciclo (salvo Vox). Y aunque todavía no tiene fuerza de ley, a la espera de que sea negociada con sindicatos y empresarios, y posteriormente articulada en una norma, ya supone un compromiso para el Gobierno, que está obligado, si cumple una de las recomendaciones, a devolver al equilibrio presupuestario el sistema público de protección social en 2023.

El acuerdo no aparece de forma explícita en la primera de las recomendaciones, pero sí en el resumen ejecutivo. Lo que se plantea, en concreto, y respecto de la separación de fuentes, es que determinados gastos que hoy asume la Seguridad Social sean financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado mediante impuestos y no con cotizaciones sociales.

Juan Ramón Rallo

El objetivo es que dentro de tres años, al final de la legislatura, desaparezca el déficit de la Seguridad Social, que en 2021, según lo estimado por el Gobierno en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, se situará en el 3% del PIB. Es decir, algo más de 35.000 millones de euros, una cifra próxima a lo que se va a gastar España este año en cobertura del desempleo.

Esta, realmente, es la única gran novedad de un pacto que ha costado años materializar, desde que en 2016 se constituyera la actual Comisión del Pacto de Toledo. De hecho, las 20 recomendaciones son apenas una puesta al día del documento que fue rechazado en su día por Unidas Podemos, salvo en el compromiso formal de elevar las pensiones en la misma cuantía de lo que lo haga el IPC real. Un compromiso que quedó en suspenso tras la aprobación, en 2013, del llamado índice de revalorización de las pensiones, que suponía un incremento mínimo del 0,25%. A partir de ahí, se aplicarían algunos criterios paramétricos, como la propia situación financiera de la Seguridad Social.

El argumento que se ofrece para que el Gobierno garantice el equilibrio son los llamados ‘gastos impropios’ del sistema público de protección social, principalmente en complementos de mínimos (las aportaciones que hace el Estado para garantizar una determinada cuantía fijada por el Gobierno de turno) y en asistencia sanitaria. Es decir, aquellas partidas que debieran pagarse con impuestos y no con cotizaciones. Y que, según un informe del Tribunal de Cuentas esgrimido por la propia Comisión del Pacto de Toledo, suponen un perjuicio de 10.396 millones de euros. La propia Secretaría de Estado de la Seguridad Social estimó en 2015 que, desde 2002 a 2012, la diferencia entre el coste real de los complementos de mínimos y las aportaciones presupuestarias directas del Estado para dicho concepto fueron inferiores en 41.009 millones de euros, cuya financiación ha correspondido íntegramente a la Seguridad Social.

Un ajuste contable

La tesis del Gobierno es que el déficit de la Seguridad Social es, en realidad, un ajuste contable, ya que el Estado garantiza, mediante emisiones de deuda, la financiación de la Seguridad Social. Por lo tanto, daría lo mismo que el déficit esté en un lado de la contabilidad presupuestaria que en otro. Esta realidad, sin embargo, impide conocer el verdadero déficit estructural de las pensiones, que viene determinado por la diferencia entre lo recaudado por cotizaciones sociales, al tratarse de un sistema de reparto, y el gasto en pensiones contributivas (las no contributivas las financia el Estado).

Los Presupuestos Generales del Estado del año 2021, en trámite de aprobación, muestran un enorme desequilibrio entre ambas partidas

Lo que muestran los Presupuestos de 2021 es un enorme desequilibrio entre ambas partidas. Por un lado, la Seguridad Social ingresará el año próximo por cotizaciones sociales 125.144 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto de 2020; sin embargo, las pensiones contributivas tienen consignado un crédito para 2021 de 143.046 millones, lo que significa un aumento del 3%. El déficit, por lo tanto, son algo más de 17.900 millones de euros.

El aumento en el gasto se debe al efecto conjunto del incremento en el número de pensionistas, a la variación de la pensión media (en función de lo cotizado por los nuevos pensionistas respecto de los que causan baja) y a la revalorización del 0,9%.

El otro factor estructural que explica la diferencia entre ingresos y gasto tiene que ver con el comportamiento de las bases medias de cotización, que se resienten por la precariedad en el empleo. En particular, por el de naturaleza temporal y el de tiempo parcial, que al no llegar a unos mínimos posteriormente debe ser subvencionado por el Estado a través de los complementos de mínimos.

E.P.

Y los datos más recientes de la Seguridad Social muestran que existe una diferencia notable en las bases medias de los cotizantes con contrato indefinido y los cotizantes con contratos temporales respecto de la media general, que en total supone alrededor del 40% de los asalariados.

Mientras que para los trabajadores con contratos indefinidos la cotización se sitúa en 108 euros por encima de la base media, los trabajadores con contratos temporales muestran una diferencia negativa de 483 euros. Igualmente, la diferencia es muy relevante en función del tipo de actividad, lo que apunta que el modelo de crecimiento no es neutral para la Seguridad Social, al contrario. Concretamente, existe una significativa diferencia que llega a ser de más de 2.000 euros entre la actividad con la base más alta, suministro de energía, y la más baja, hostelería. Todo eso es lo que explica el déficit estructural de la Seguridad Social.

Las claves del nuevo Pacto de Toledo

1.- Separación de fuentes.

Las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas.  La financiación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social ha de efectuarse exclusivamente a través de aportaciones del Estado. Existen gastos hasta ahora sufragados por la Seguridad Social que deben ser asumidos por el Estado con financiación tributaria (con cargo a sus Presupuestos Generales), según un calendario que permita superar el déficit financiero de la Seguridad Social no más tarde de 2023.

2.- Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones.

La comisión defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual en función del IPC real, así como su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas para asegurar el futuro equilibrio social y financiero del sistema.

3.- Fondo de reserva.

La comisión considera que una vez se consiga el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, debe retomarse la regla según la cual los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al fondo de reserva, así como que la disposición de sus activos debe ajustarse estrictamente al pago de prestaciones de naturaleza contributiva.

4.- Integración y convergencia de regímenes.

Se requiere un análisis de convergencia de los diferentes regímenes hasta reducirlos a dos: trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. Se debe continuar avanzando hacia la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los del régimen general. Deben promoverse, en el marco del diálogo social, las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales.

5.- Adecuación de las bases y periodos de cotización.

La comisión solo se compromete a evaluar la ampliación del periodo cotizado exigible, por ley, para alcanzar una pensión del cien por cien de la base reguladora. Se considera, igualmente, adecuado el mantenimiento y mejora de las pensiones mínimas, con una estructura y cuantías que no desincentiven la cotización.

6.- Incentivos al empleo.

El sistema de incentivos debe concentrarse en las situaciones y colectivos cuyo empleo se persigue favorecer de forma especial. A este respecto, solamente debe priorizarse con este tratamiento preferente a los colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género; asimismo, deben adoptarse medidas de fomento de la contratación de los parados de larga duración, y de los jóvenes, así como incentivarse el mantenimiento del empleo de las personas contratadas que tengan 55 o más años.

7.- Modernización e información al ciudadano.

Debe darse cumplimiento a las obligaciones de información de modo que cada ciudadano pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión.

8.- Gestión del sistema.

Potenciar la mejora de la gestión, a través de la creación de una agencia de la Seguridad Social que permita la gestión integrada de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones, con arreglo al marco competencial establecido en la Constitución y los diferentes estatutos de Autonomía. Abordar de manera inmediata un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de personal al servicio de la Seguridad Social.

9.- Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Es necesario completar el proceso de modernización y transparencia en el funcionamiento de las mutuas, así como dotarlas de un cierto margen de flexibilidad en el uso de sus recursos, compatible con un estricto control por la Seguridad Social.

10.- Lucha contra el fraude.

Debe favorecerse que todas las administraciones implicadas puedan cruzar la información existente en sus bases de datos. Deben reforzarse los medios de la Inspección de Trabajo y el régimen sancionador a las empresas que no cumplan con sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

11.- Contributividad.

Es necesario preservar y reforzar el principio de contributividad sin menoscabo de la solidaridad del sistema.

12.- Edad de jubilación.

Es necesario reforzar dos líneas básicas de actuación. Fomentar la permanencia de los trabajadores en activo. Y atender las situaciones de vulnerabilidad que la prolongación de la vida laboral pueda generar en determinados colectivos.

13.- Prestaciones de viudedad y orfandad.

Debe llevarse a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia —en especial, la de viudedad—, manteniendo su carácter contributivo.

14.- Solidaridad y garantía de suficiencia.

En relación con el concepto de suficiencia, es preciso se plantea fijar una referencia adecuada, que podría ser la tasa de sustitución (porcentaje de la pensión media sobre el salario medio de los trabajadores ocupados). Para ello, se propone establecer un ámbito territorial de medición comparada, en concreto el de los países más avanzados de la Unión Europea.

15.- Sistemas complementarios.

Se propone impulsar los planes de pensiones de empleo, sustentados en el marco de la negociación colectiva. En cuanto al tercer pilar, su gestión debe ser más transparente.

17.- Mujeres, jóvenes y Seguridad Social.

Se deben adoptar medidas de carácter estructural para conseguir la equiparación de la cobertura por pensiones entre mujeres y hombres, y potenciar la corresponsabilidad entre géneros. Los jóvenes se ven especialmente perjudicados por la precariedad y el subempleo, lo que dificulta generar amplias carreras continuas de cotizaciones. Estas circunstancias determinan el descrédito de nuestro sistema de seguridad social entre la juventud. Un objetivo básico es que los jóvenes recuperen la confianza en el sistema.

18.- Personas con discapacidad.

Deben intensificarse las medidas dirigidas a su activación, favoreciendo su acceso al empleo. En particular, se propone la compatibilidad de la percepción de las pensiones por incapacidad permanente con la realización de un trabajo.

19.- Trabajadores migrantes.

Deben apoyarse los puentes de inmigración legal para satisfacer la demanda del mercado laboral español. A tal fin, la Seguridad Social debe adecuar los procesos con medidas que faciliten la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema.

19 bis.- Seguridad Social y economía digitalizada.

Debe actuarse frente a realidades relacionadas con las características de las actividades que se desarrollan a través de plataformas digitales, como son la economía informal, los falsos autónomos y la infracotización.

20.- Control parlamentario, seguimiento, evaluación y reforma del Pacto de Toledo.

El Gobierno debe comparecer anualmente ante la comisión para informar de la situación puntual de la Seguridad Social en relación con el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas. Transcurridos cinco años, el Congreso de los Diputados habrá de proceder a una revisión general de las recomendaciones, así como evaluar a su grado de cumplimiento.

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