Economía

El Gobierno penalizará rescidir contratos en fines de semana para no pagar cotizaciones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este lunes que el Gobierno está estudiando introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

Durante su intervención en un desayuno ‘online’ de Nueva Economía Fórum, Escrivá ha subrayado que se trata de una práctica «intolerable», que también se realiza en los meses de verano, «que no debe aceptarse y que claramente se va a penalizar».

«Vamos a establecer una tasa por las bajas de contratos. Estamos estudiando cómo hacerlo», ha señalado el ministro, que ha explicado que el sistema actual, que permite dar de alta y de baja contratos de manera ágil, está posibilitando estos usos «no aceptables», que llevan asociada una pérdida de protección a los trabajadores al no pagarse las cotizaciones correspondientes a los fines de semana o durante los días de vacaciones.

EFE

El ministro ha denunciado que esta práctica «se ha convertido en algo cultural en España», que no sucede en otros países del entorno español y que no puede aceptarse como válida, por lo que se penalizará, de forma que también se contribuirá a luchar contra la temporalidad y el alto grado de rotación de contratos que existe en España.

También para combatir la temporalidad ha instado a revisar el «nicho de contratos temporales» que existe en los sectores de Educación y Sanidad.

Por otro lado, Escrivá ha afirmado que todo el esquema de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puesto en marcha para paliar los efectos de la pandemia tendrá un coste este año de 30.000 millones de euros, y no ha querido cifrar el gasto que este mecanismo supondrá en 2021 porque dependerá de muchos factores, entre ellos por cuánto tiempo se prolongan los ERTE una vez finaliza su actual vigencia, que alcanza hasta el próximo 31 de enero.

Todo el esquema de los ERTE tendrá un coste este año de 30.000 millones de euros

En todo caso, ha señalado que en enero se volverá a discutir con los agentes sociales sobre el marco de los ERTE y su posible extensión, momento en el que ya se podrán tener en cuenta además algunos datos sobre las vacunas contra el coronavirus.

Asimismo, y en el marco de la reforma laboral que «requieren» a España las autoridades europeas en el contexto del Plan de Recuperación y Resiliencia, Escrivá ha señalado que en dicha reforma deberán incluirse los ERTE, pero orientados a empresas que tengan necesidades temporales de reestructuración y vinculados a la negociación colectiva y a la formación.

Al mismo tiempo, ha explicado que otro de los objetivos de la reforma que se tiene que hacer en el mercado de trabajo debe ser el de mejorar las políticas activas de empleo y el refuerzo de los mecanismos de movilidad laboral. En este sentido, considera que «hay que propiciar mucho más» la movilidad de los trabajadores a zonas con más oportunidades de encontrar empleo, lo que a su vez tiene relación con la vivienda y con las ayudas a la conciliación.

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