Economía

¿Es el embargo el culpable de los problemas económicos de Cuba?

Cuba atraviesa, desde hace semanas, una situación económica tan complicada que en muchos aspectos se asemeja al denominado Periodo Especial que vivió tras la caída de la URSS. La escasez de bienes fundamentales ha derivado en protestas sociales que, como ocurriera entonces, están tensionando al régimen. El Gobierno se defiende con una crítica feroz al embargo estadounidense al que acusan de ser el foco de todos los males económicos de la isla, y que dura ya más de medio siglo.

La retórica política y propagandística pocas veces se ha acompañado de datos y el principal motivo es la opacidad de las estadísticas cubanas. Esto impide conocer cuál es el efecto real del embargo sobre el comercio exterior del país. En las dos últimas décadas diversos economistas han tratado de analizar cuál es el verdadero impacto. La primera conclusión común de todos ellos es que la opacidad de las estadísticas impide hacer un análisis detallado que permita cuantificar el coste del embargo. El segundo, en el que coinciden la mayoría de expertos, es que el embargo tiene un efecto notable sobre la economía del país, afectando además a las capas sociales más necesitadas, pero en ningún caso explica el mal desempeño del país desde los años noventa.

Los efectos del embargo

El embargo (no bloqueo, porque no impide a otros países tener relaciones económicas y comerciales con Cuba) lo conforman diversas normativas estadounidenses, la más importante es la Ley Helms-Burton, aprobada en el año 1996 por el Gobierno de Bill Clinton. El objetivo de la misma es evidente: ahogar económicamente a Cuba para forzar la caída de la Revolución. Hasta la fecha, este objetivo ha sido un fracaso; sin embargo, ha generado importantes problemas económicos para el país.

El embargo actúa por diferentes flancos: limita la actividad comercial con la isla, dificulta enormemente la llegada de remesas, bloquea las operaciones financieras con el país, impide el turismo de estadounidenses en la isla, etc. El efecto combinado de todas estas medidas es notable, máxime si se tiene en cuenta que, por situación geográfica, EEUU debería ser el gran socio económico de Cuba.

Carlos Sánchez

La economista de la Universidad de Columbia, Susan Kaufman Purcell, experta en asuntos latinoamericanos, fue una de las primeras en estudiar los efectos del embargo pocos años después de la entrada en vigor de la Ley Helms-Burton. En la revista mexicana ‘Foro Internacional’ publicó un ‘paper’ en el que analiza el efecto de esta norma. “Existe evidencia circunstancial de que la Helms-Burton fue responsable de que disminuyera el número de empresas extranjeras en Cuba. Entre 1988 y 2000 se crearon 530 de tales empresas; pero, hacia finales de 2000, 130 de ellas ya habían desaparecido. Aproximadamente el 70% de estas se disolvieron después de que la iniciativa Helms-Burton fue promulgada como ley”.

El último informe presentado por Cuba ante las Naciones Unidas, el pasado mes de junio, denunciaba que “el bloqueo es real y es el principal escollo para avanzar en la búsqueda de la prosperidad y bienestar de la población cubana […] A precios corrientes, los daños acumulados en casi seis décadas de aplicación de esta política ascienden a 147.853 millones de dólares”, esto es, en torno al 150% del PIB nacional del país antes de la pandemia.

Los efectos del embargo afectan especialmente a los más necesitados, que son los últimos en recibir los bienes fundamentales, entre ellos alimentos y medicamentos. Esto explica que la ONU haya reiterado su condena a esta política estadounidense, pidiendo su eliminación inmediata.

Pero esto no es todo

El embargo desincentiva las operaciones comerciales desde otros países hacia Cuba. Uno de los motivos es la negativa de los bancos multinacionales a financiar estas operaciones ante el temor a sanciones por parte de EEUU. Las empresas españolas pueden comerciar ajenos al embargo; sin embargo, sufren estos efectos colaterales. “Hay muchos bancos que no quieren hacer operaciones con Cuba”, explica Alberto López González-Mesones, director general de Nueva Compañía de Indias, una empresa de la industria farmacéutica y de biotecnología que comercia con la isla. “Hay productos que no están restringidos, pero que por las presiones del sistema financiero, no se pueden comerciar. Es una de las políticas más crueles que he visto”.

Para las empresas españolas es ‘misión imposible’ conseguir actualmente una línea de crédito para cubrir las necesidades financieras o para cubrir parte de los riesgos de exportación. Pero esto no tiene nada que ver con el embargo, sino con los problemas estructurales de impagos del país. Cuba entró en situación de impago en octubre de 2019 tras no hacer frente a la anualidad que previamente ya había renegociado con el Club de París en 2015 (reestructuración impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy).

Carlos Sánchez

Este impago provocó que se cerraran automáticamente las vías de financiación y de seguro de crédito para todos los negocios con la isla. CESCE, la empresa pública de seguros de crédito, no tiene líneas abiertas para operaciones con Cuba desde el año 2019 a cuenta del Estado. Sin este respaldo, las operaciones comerciales con el país se complican extraordinariamente, ya que son las empresas quienes tienen que financiarse y asumir todo el riesgo.

Para Cuba, el pago de la deuda externa es, sencillamente, imposible. Se genera así un círculo vicioso para el país, con empresas que dejan de hacer negocios en la isla, lo que agrava la crisis. El embargo no es la causa de esta deuda externa acumulada, de hecho, Cuba ha pedido financiación a otros países de forma sistemática desde 1990 para importar productos a pesar del cierre del mercado estadounidense. La existencia de esta deuda explica que el embargo solo ha cerrado una parte del comercio potencial del país, pero no todo.

El déficit de bienes de Cuba empezó a crecer de forma notable a mediados de la década de los ochenta, según los datos de la Organización Mundial del Comercio, coincidiendo con el inicio del desmembramiento de la Unión Soviética. El déficit se equilibró a inicios de los noventa, con la caída total de la URSS, ya que Cuba no tenía en ese momento otros socios comerciales. Sin embargo, a mediados de los noventa ya recuperó su capacidad para importar, coincidiendo con el final del Periodo Especial. Desde entonces, el déficit comercial de bienes ha ido en escalada: desde los 1.200 millones de dólares de 1995 pasó a más de 3.000 millones con el cambio de siglo y a superar los 11.000 millones en 2008, coincidiendo con el pico de importaciones desde Venezuela. En 2018, a pesar de todas las nuevas restricciones impuestas por la Administración Donald Trump, el déficit se mantenía por encima de los 9.000 millones anuales.

Este desequilibrio entre importaciones y exportaciones explica la gran deuda comercial asumida por el país en las dos últimas décadas. Y es el resultado de la bajísima productividad del país, que no tiene capacidad para colocar sus productos en los mercados internacionales porque no son competitivos. La expulsión de la inversión extranjera y la limitación de la inversión privada nacional actúan como un freno constante al crecimiento del país.

Las empresas estatales dominan la producción y sufren graves problemas de competitividad. A esto se unió, desde la década de los dos mil, una nueva red de alianzas internacional que sustituyó al capital privado, pero que no ha servido para elevar los niveles de productividad. En el año 2009, el catedrático Carmelo Mesa-Lago, uno de los mayores estudiosos de la economía de Cuba, escribía que “la inversión extranjera privada está siendo sustituida por inversión de empresas estatales de Venezuela y China que no aportan tecnología punta ni están basadas en estudios de rentabilidad“. Nuevamente, un camino hacia la dependencia de los aliados políticos.

“El pobre desempeño de Cuba ha tenido que ver, probablemente, más con los errores del socialismo cubano que con la Ley Helms-Burton”

En palabras de Kaufman, ya en el año 2003, “el pobre desempeño de Cuba ha tenido que ver, probablemente, más con los errores del socialismo cubano en materia económica que con la Ley Helms-Burton”. Para Mesa-Lago, el país necesita políticas de aperturismo y liberalización para salir de la crisis. Desde el punto de vista de la producción agroalimentaria, fundamental para evitar el hambre, Cuba debería “seguir las políticas de China y Vietnam: autorizar a todos los productores agrícolas a que determinen por sí mismos qué sembrar, a quién vender y fijar los precios con base en la oferta y la demanda”. Esto es, liberalizar la agricultura, sector que tiene un gran potencial en la isla por su clima.

En segundo lugar, es prioritario adoptar medidas encaminadas a la apertura exterior. Entre ellas, “autorizar a las compañías extranjeras a contratar y pagar directamente a todos sus trabajadores y aprobar la inversión de capital extranjero (incluyendo a los cubanos en el exterior) en todos los sectores económicos, así como en las microempresas y cooperativas de producción no agrícolas y de servicios”. Sin embargo, el Gobierno mantiene su limitación al negocio de extranjeros en la isla, obligando a ser el Estado quien canalice todas las operaciones, lo que limita al máximo el potencial de las empresas para buscar procesos más competitivos y supone un gran desincentivo.

Los economistas coinciden en que el país tiene un gran potencial, pero las limitaciones que impone el propio Gobierno cubano a la entrada de capital y bienes extranjeros generan un efecto de asfixia que actúa en paralelo al embargo. En muchas ocasiones se solapan actuando como desincentivo hacia los agentes económicos extranjeros, de modo que es difícil saber dónde termina el efecto del embargo y dónde empieza el de las prohibiciones internas. Cuba tiene margen para explorar alianzas comerciales con otros países occidentales, como Canadá o los europeos. Pero ese paso dependerá de las decisiones políticas del Gobierno y no del embargo estadounidense.

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