Economía

Mucha ideología y poco parné: la OCDE describe un mercado laboral obsoleto

Hay un gráfico en el informe de la OCDE sobre España que lo dice todo. O casi todo, como se prefiera. En 2007, al comienzo de la anterior crisis económica, la tasa de paro de España era similar a la media de la eurozona, alrededor de un 8% de la población activa. 14 años después es prácticamente del doble (un 15,3% frente al 8,1% de la zona euro).

La comparación, sin embargo, es engañosa. España logró aquel nivel de desempleo incubando una formidable burbuja que acabó estallando, que es, precisamente, lo que suele ocurrir por razones físicas, lo que explica la convergencia con Europa. De hecho, la media de desempleo en los últimos 40 años se sitúa muy cerca del 15%. Tan solo entre 2005 y 2008, en medio de la orgía de crédito y ladrillo, una combinación de alto riesgo, se logró situar el paro por debajo del 10%, lo que da idea de que se trata de un problema estructural.

Javier G. Jorrín

Tan estructural que ni siquiera con un robusto crecimiento acumulado durante 2021 y 2022 superior al 12%, como estima la OCDE (un 5,9% y un 6,3%, respectivamente), España logrará volver al punto de partida anterior al covid. En 2019, la tasa de desempleo afectó al 14,1% de la población activa, pero tres años más tarde, y con la población ya vacunada, seguirá siendo más elevada, un 14,7%. Y eso que la población activa (ocupados y desempleados) está disminuyendo.

Estas dramáticas cifras son las que explican que la OCDE dedique buena parte de su informe a lo que hay detrás de la ‘singularidad’ de España en términos de paro, que ya se sitúa, por cierto, por encima de Grecia, que durante la anterior crisis fue el país que resultó peor parado. Hoy, sin embargo, en términos EPA, tiene menos desempleo que España, aunque solo sea por unas décimas, y con una tendencia claramente mejor.

Lo que recomienda la OCDE para resolver esta anomalía es una batería de medidas, pero básicamente dos: flexibilidad en las relaciones laborales, manteniendo en lo esencial la reforma laboral de 2012, y aumentar las habilidades de los trabajadores para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas. Lo primero es lo que defienden la vicepresidenta Calviño y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, frente a sindicatos y a la propia vicepresidenta Díaz, mientras que lo segundo es una cuestión de fondo que necesariamente lleva mucho tiempo. Como suele decirse, la formación dual en Alemania, el espejo en el que se quiere mirar España, comenzó en tiempos de Bismarck.

Aprovechar el tiempo

Y tiempo es lo que no tiene la política española para dejar madurar nuevos itinerarios profesionales. La propia OCDE lo sugiere cuando recomienda al Gobierno que garantice que los trabajadores con contrato parcial, la inmensa mayoría no deseado, aprovechen el tiempo para mejorar su capacitación. Es decir, que no solo dedique recursos, sino una estrategia a largo plazo. No en vano, como recuerda el documento, “los programas activos de empleo son poco eficientes en lo que respecta al apoyo y la formación individualizados”. Es más, “en muchas ocasiones”, sostiene el club de los países desarrollados, “las necesidades de formación no están bien identificadas y la formación no llega a los trabajadores que más la necesitan, principalmente los que tienen una escasa cualificación y los trabajadores mayores”.

Ahora bien, y aquí está la carga de profundidad con los planes de una parte del Gobierno, manteniendo, dice el documento, “un mercado laboral flexible que permita a las empresas adaptarse a los cambios”. ¿Cómo se sustancia esto? Pues ni más ni menos que manteniendo la prioridad de los convenios de empresa frente a los sectoriales y regionales. Y aquí está la madre del cordero. Desde luego, más por razones ideológicas —fue el estandarte de la anterior reforma laboral— que puramente prácticas.

EC/Agencias

La realidad estadística es que, pese al repunte inicial, el número de nuevos convenios de empresa, lo que en la jerga laboral se denomina nuevas unidades de negociación, ha caído en picado según han ido avanzando los años. De los 662 que se llegaron a firmar en 2013, un año después de aprobarse la reforma laboral, se ha pasado a apenas 405 en 2019, un año considerado ‘estándar’ desde el punto de vista de las relaciones laborales.

Es decir, todo ha seguido básicamente igual, pese a que fue el asunto estrella hace nueve años. Como la solución es más política que real, algo parecido sucede con la ultraactividad, lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo es sugerir que los mayores poderes que da la actual legislación a los empresarios se mantengan en las grandes empresas, mientras que las pequeñas se rijan por lo que marca el sector, ya que en ellas la presión sindical es menor.

Esto, en realidad, es lo que ya sucede, toda vez que las grandes empresas suelen tener sus propias relaciones laborales, que casi siempre son mejores que en el conjunto del sector. La OCDE, sin embargo, insiste en mantener la reforma de 2012 en este punto, probablemente, por una cuestión más ideológica que real. En definitiva, dejar claro quién manda en la empresa.

Dualidad laboral

No menos polémico es el asunto de la célebre dualidad del mercado de trabajo, donde sí que existe un claro consenso en la necesidad de acabar con ella (alrededor del 26% de los asalariados). Lo que dice la OCDE es una evidencia: “La utilización generalizada de contratos temporales incrementa la desigualdad y la pobreza laboral”. Pero lo que propone es más discutible para unos y para otros. Los empresarios quieren mantener la flexibilidad que introduce la contratación laboral habida cuenta de la especialidad productiva de España (turismo, hostelería o comercio), mientras que los sindicatos y el Gobierno quieren reducir las modalidades de contratación.

Lo que está hoy sobre la mesa es reducirlas a tres, lo cual parece imposible porque la amplia panoplia de contratos nace, precisamente, de la política de bonificaciones para estimular el empleo en determinados colectivos, salvo en el contrato de obra o servicio, que el Gobierno pretende eliminar. Y lo que propone la OCDE es, justamente, reducir la dualidad del mercado laboral dirigiendo los incentivos a la contratación hacia los “grupos más vulnerables”, limitando las ayudas en el tiempo.

La OCDE no entra de lleno en el debate sobre la cuantía del salario mínimo, pero deja una ‘perla’ al Gobierno. “Es preciso”, sostiene, “evaluar las repercusiones que las rápidas y acusadas subidas del salario mínimo han tenido en el empleo, especialmente en el caso de los jóvenes y los trabajadores menos cualificados”. Lo que propone es que sea una comisión independiente de carácter permanente la encargada de evaluar sus posibles efectos, lo que significa, de alguna manera, sustraer al Gobierno de una de sus decisiones estratégicas en política económica.

Mostrar más

Deja una respuesta

Botón volver arriba