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Policías nacionales piden directrices claras para actuar en Madrid en el estado de alarma

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha mostrado “su malestar” por la “inseguridad jurídica que se está generando en Madrid” por las decisiones “enfrentadas” entre el Gobierno nacional y el de la Comunidad de Madrid y ha solicitado directrices “claras y sin sesgo político” para actuar durante el estado de alarma.

De acuerdo con un comunicado emitido por el sindicato, han demandado a las autoridades que trabajen en pro de una gestión sanitaria “encaminada a combatir el virus” y ha exigido “dejar el enfoque de la lucha partidista” que ha acarreado una situación de “desconfianza de los ciudadanos en las autoridades”.

Así, ha asegurado que la Policía Nacional se siente “utilizada” para hacer cumplir “directrices políticas sin respaldo legal” y han demandado “trabajar en condiciones de seguridad jurídica con órdenes de servicio claras sobre las funciones de control de la movilidad”.

“Hemos venido avisando de la situación de avance del virus en Madrid desde hace meses, por lo que en varias ocasiones hemos solicitado a la Dirección General de la Policía (DGP) una serie de medidas encaminadas a facilitar la conciliación con la vida familiar y laboral, así como también cuestiones de tipo preventivo, para evitar el contagio de los agentes“, han manifestado.

En primer lugar han exigido la continuidad de la cadencia ‘6×6’ para “preservar los turnos estancos que impidan la interacción de unos grupos de trabajo con otros” con el fin de “evitar los posibles contagios dentro de las dependencias policiales”.

Por otro lado, han solicitado la implementación de una serie de medidas que faciliten la conciliación familiar y laboral, como el uso del teletrabajo para los funcionarios de la DGP y la regulación de los puestos de trabajo que no se pueden adaptar a esta modalidad no presencial.

Por último, desde Jupol han instado a la Dirección General para que “amplíe” la resolución de 20 de mayo de 2020 con la finalidad de que los funcionarios policiales cuyo núcleo familiar no coincida con su domicilio habitual “puedan elegir libremente donde residir, siempre y cuando no perjudique al servicio”.

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