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Un juez ve delito de allanamiento en la patada en la puerta de los policías que entraron en un piso donde había una fiesta ilegal

El titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid trasladará este viernes a los seis policías que entraron a la fuerza en un piso de la calle Lagasca de Madrid, en el que había una fiesta en plena pandemia, que ve indicios sólidos de un delito de allanamiento de morada, y cada parte podrá pronunciarse sobre este caso.

El magistrado Jaime Serret dictó el pasado 19 de septiembre un auto en el que sostiene que hay indicios “sólidos” de un delito de allanamiento de morada en la actuación de los agentes aquel 21 de marzo de 2020 en un piso del número 19 de la calle Lagasca y decreta que los hechos sean juzgados por un tribunal de jurado.

En este auto transformó las actuaciones en un procedimiento ante un tribunal de jurado, como determina la ley para este tipo de delito, y citó a los encausados y a todas las partes a una vista para este viernes, 8 de octubre, en la que se concretará la imputación y en la que el fiscal, la acusación y las defensas podrán pedir las diligencias de investigación que estimen oportunas.

El juez dictó este auto dos días después de que declararan en el juzgado el inquilino denunciante, una testigo y los seis agentes implicados en la “patada en la puerta” de la calle Lagasca, que se hizo viral porque las personas que había en el piso difundieron el vídeo en el que se oponían a la entrada de los agentes, que acaban rompiendo la puerta con un ariete.

El auto en el que el magistrado propone que los agentes podrían ser juzgados por allanamiento de morada ha sido recurrido por los policías, dos de los cuales defienden su absolución pues, entre otros extremos, el piso no es una morada porque “se trata de un piso que fue alquilado con la exclusiva finalidad de celebrar fiestas” y, además, el contrato de arrendamiento aportado en la causa por el querellante no está firmado por las partes y no se ha acreditado el pago de mensualidades ni fianza.

Los otros cuatro agentes son defendidos por el abogado del Estado, que considera igualmente que los congregados en el piso no eran moradores de esa vivienda sino que celebraban una fiesta en un apartamento turístico, y el contrato del supuesto inquilino denunciante no tiene firmas “pudiendo ser un documento creado para su aportación con la querella”.

“A juicio de esta defensa, el magistrado hace constar en el auto recurrido apreciaciones y valoraciones jurídicas prematuras, ya que los indicios no pueden considerarse muy sólidos con las diligencias practicadas”, añade el abogado del Estado, que pide que se practiquen más diligencias de investigación para aclarar los hechos.

El juzgado ha denegado recientemente la petición de los agentes de que se suspenda la vista de este viernes hasta que se resuelvan estos recursos, y a que dos de los policías declaren por videoconferencia porque no hay medios adecuados.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha expresado este jueves su apoyo a los compañeros que realizaron esa intervención, a los que acompañarán este 8 de octubre en la puerta de los juzgados, y ha denunciado “la situación de desamparo en que se hallan los policías que se juegan sus carreras y su futuro por cumplir con su deber de socorrer a los ciudadanos”.

El procedimiento por la entrada a la fuerza en el piso de la calle Lagasca no es el único que se dirime en los juzgados madrileños ya que el Juzgado de Instrucción número 4 investiga una intervención similar ocurrida el 9 de diciembre de 2020 en la calle Pan y Toros, en el distrito de Villaverde, por la que están citados como investigados doce agentes que declararán el 13 y el 18 de octubre.

El Juzgado de Instrucción número 26 también investiga otra “patada en la puerta” ocurrida durante la pandemia, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

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